El espectáculo del poder y el colapso de la gobernabilidad en el Estado capitalista peruano

Hilder Alberca Velasco

Sociólogo/Politólogo

La política peruana contemporánea muestra cómo la disputa por el poder ha prevalecido sobre la construcción de políticas públicas y sobre la consolidación de una estabilidad institucional duradera. No se trata simplemente de una sucesión de gobiernos o de la alternancia de figuras en el Ejecutivo; lo verdaderamente relevante es comprender qué significan estos movimientos dentro de la estructura del sistema político. El problema no radica en quién entra o quién sale del poder, sino en lo que esa rotación constante revela acerca de la relación entre el Estado, los partidos y la sociedad. En el Perú, la competencia ideológica y partidaria ha tenido como punto final el control del aparato estatal, relegando a un segundo plano la gobernabilidad y el bienestar colectivo.

El presente ensayo tiene como propósito analizar la problemática peruana desde la teoría del pluralismo, subrayando cómo la fragmentación partidaria y la inestabilidad institucional reflejan una creciente separación entre el Estado y la sociedad civil. Si bien no asumimos al pluralismo como postura normativa, consideramos necesario abordarlo como herramienta analítica en un momento en que la democracia en el país  atraviesa una etapa de particular fragilidad.

Desde el pluralismo, el poder político no es absoluto ni centralizado, sino que se distribuye entre múltiples centros de decisión, tanto económicos como institucionales, cada uno con capacidad de influir en áreas específicas de las políticas públicas económicas y sociales. El gobierno, desde esta perspectiva, no domina a la sociedad para satisfacer intereses particulares, sino que regula conflictos y coordina demandas diversas, encontrándose limitado por el equilibrio entre distintos grupos e instituciones. Sin embargo, bajo esta óptica, la imagen democrática peruana aparece como una figura formal que no siempre se corresponde con su funcionamiento real.

En tal sentido, el país atraviesa una crisis política sin precedentes, que en una década ha tenido ocho presidentes y tres han sido destituidos en los últimos cinco años. El 18 de febrero de 2026 fue elegido otro presidente, José María Balcázar, convirtiéndose en el cuarto mandatario desde el ingreso de Pedro Castillo, tras imponerse en una votación interna del Congreso con 64 votos a favor y 46 en contra. Más allá del dato coyuntural, este escenario no puede explicarse por fallas individuales o circunstancias aisladas; constituye el reflejo de una estructura partidaria debilitada y de un Estado incapaz de sostener una gobernabilidad estable.

La sucesión acelerada de mandatarios evidencia que el sistema político no solo fracasa en la implementación de políticas públicas de largo plazo, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, generando un ciclo continuo de inestabilidad. La fragmentación partidaria crea un entorno en el que predominan alianzas temporales y disputas internas por encima de la construcción de consensos duraderos.

Robert Dahl (1997) sostuvo que en los sistemas democráticos sólidos la competencia entre grupos sociales solo regula efectivamente los intereses cuando existen partidos fuertes e instituciones legitimadas que articulan representación y continuidad administrativa. Sin esa estructura, los procesos políticos se vuelven reactivos y fragmentados, priorizando el control inmediato del poder antes que las necesidades sociales.

En otros estudios Sartori,(2005) complementa esta perspectiva al afirmar que cuando los partidos fracasan, la gobernabilidad se derrumba y la democracia formal se convierte en una fachada. Lo que se manifiesta como figura coyuntural del país es justamente el fracaso de los partidos políticos al no entendimiento de los problemas del país y lograr establecer confianza social de las clases. Hablamos de que tenemos un país tan diverso, que la fórmulas de solución políticas aún no han sabido suplir.

Es así que la combinación de fragmentación partidaria e instituciones frágiles permite comprender la sucesión acelerada de presidentes en el Perú y demuestra que la crisis no es meramente coyuntural, sino estructural.

Los Partidos, ideologías y colapso de la gobernabilidad

Qué significa cuando se dice  de que los partidos políticos no han podido organizar al país. Lo que está claro es que el centralismo criollo político, y los provincialismos elitistas no han logrado aún entender al país sus últimos 30 años. Cuando se afirma que los partidos políticos no han podido organizar al país, no se trata únicamente de su incapacidad electoral o de su debilidad institucional. Se alude, en realidad, a su fracaso como instrumentos de articulación nacional. Organizar un país implica estructurar intereses sociales diversos dentro de un proyecto político común, integrar territorios con desigualdades históricas y transformar conflictos en representación legítima. En el Perú, esa función articuladora ha sido reemplazada por dinámicas de poder fragmentadas y excluyentes.

En este sentido, el llamado centralismo criollo político puede entenderse como la fusión de partidos radicados en Lima principalmente de orientación liberal o derechista con sectores conservadores minoritarios que, aunque pequeños en número, mantienen influencia económica y mediática. No se trata simplemente de ideología, sino de una red de poder asentada en la capital, que reproduce lógicas históricas de exclusión y que tiende a interpretar el país desde una mirada urbana, costeña y empresarial. Este centralismo no logra articular la pluralidad social del Perú, sino que proyecta una visión homogénea que reduce la complejidad territorial a cálculos parlamentarios y acuerdos de élite.

Sin embargo, el problema no se agota en la derecha limeña. También existen partidos y movimientos de izquierda, organizaciones afines contra la derecha, como el Partido Comunista del Perú y otras expresiones regionales que, aunque discursivamente apelan a sectores populares, no siempre han conseguido construir estructuras nacionales sólidas capaces de integrar las múltiples identidades territoriales y culturales del país. Muchas de estas organizaciones han quedado atrapadas en dinámicas internas, disputas doctrinarias o liderazgos personalistas que limitan su capacidad de expansión y cohesión.

A la par, emergen los llamados partidos provincialistas, formaciones políticas que nacen en el interior del país y que responden a demandas regionales específicas. Si bien podrían representar una oportunidad para descentralizar el poder, en muchos casos terminan reproduciendo lógicas elitistas locales. Familias burguesas regionales o grupos económicos emergentes disputan espacios de poder bajo discursos reivindicativos, pero sin necesariamente construir proyectos nacionales inclusivos. De esta manera, el provincialismo no siempre se traduce en democratización territorial, sino en la fragmentación del sistema político en múltiples feudos de influencia.

La disputa entre élites limeñas y élites regionales entre criollos tradicionales y burguesías emergentes del interior no ha producido una reorganización nacional, sino una competencia por el control del Estado. El país, como comunidad política diversa, queda relegado frente a una pugna constante entre facciones. La consecuencia es que los partidos no actúan como puentes entre sociedad y Estado, sino como vehículos de posicionamiento estratégico dentro del aparato institucional.

En los últimos treinta años, esta dinámica ha impedido comprender al país en su complejidad social, cultural y económica. El centralismo criollo político no ha logrado superar su visión limitada del territorio, mientras que los provincialismos elitistas no han trascendido sus intereses particulares para articular un proyecto nacional. El resultado es un sistema partidario incapaz de organizar políticamente al Perú, entendido no solo como territorio, sino como sociedad plural con demandas heterogéneas.

Desde la teoría política, esto significa que los partidos han fallado en su función clásica de intermediación y estructuración del conflicto social. En lugar de canalizar demandas y producir gobernabilidad, han contribuido a profundizar la fragmentación. La crisis no es simplemente institucional; es una crisis de representación y de proyecto nacional.

Fragmentación ideológica y descomposición del sistema democrático peruano

Lo que denominas colapso político-ideario y democrático no es simplemente una suma de errores partidarios. Es la manifestación de una ruptura entre ideología, representación y proyecto nacional. La ideología dejó de funcionar como marco programático de transformación o administración del Estado y pasó a convertirse en instrumento retórico de disputa. Las derechas no articulan un proyecto nacional inclusivo, sino que operan bajo lógicas corporativas y de defensa de intereses económicos específicos. Las izquierdas no consolidan estructuras institucionales capaces de sostener continuidad administrativa, quedando atrapadas en narrativas confrontacionales y fragmentación interna. Los centros, sin fuerza estructural, operan como bisagras tácticas más que como mediadores estratégicos.

En ese escenario, el pluralismo de gobierno no se materializa como equilibrio democrático entre grupos sociales, sino como pluralismo elitista donde múltiples centros de poder compiten, pero dentro de un círculo reducido de élites partidarias, económicas y regionales. La ciudadanía claro que aparece formalmente incluida, ella participa, vota, elige,   pero materialmente desplazada del núcleo decisorio.

En este sentido, no existe ausencia de política en el Perú; lo que existe es exceso de competencia faccional sin articulación nacional.

El problema no solo es la existencia de la pluralidad de ideologías, más también  la incapacidad estructural de transformarlas en políticas de Estado sostenidas. La alternancia constante no es signo de vitalidad democrática, sino síntoma de inestabilidad sistémica. El sistema rota liderazgos, pero no consolida institucionalidad, es una silla con tres patas sostenida con su cuarta pata la esperanza de los que buscan un país distinto, y aquí entramos todos, ricos y pobres. Dado que se quiera aceptar o no, hay sujetos con basto poder económico que quieren un país distinto, y también pobres elocuentes, pero también los hay aquellos que aunque pobres no quieren un país diferente, sino que sabiendo los problemas del país siguen en rutas equivocadas al momento de elegir sus autoridades. Aquí entra a tallar el clientelismo, asistencialismo, y compadrazgo político algo que no es de hoy, eso tiene más de tres décadas.

Lo que se denuncia es que  “los partidos no han podido organizar al país”, lo que técnicamente estás afirmando es que han fracasado en tres funciones clásicas:

1.                 Función de agregación de intereses. La función de agregación de intereses consiste en la capacidad de los partidos políticos para recoger las diversas demandas sociales y convertirlas en propuestas coherentes. Esto implica integrar intereses económicos, territoriales y culturales dentro de una agenda común que represente al conjunto de la sociedad. Cuando esta función falla, las demandas se dispersan o quedan en manos de élites específicas. En el Perú, la fragmentación partidaria impide esa integración y transforma a los partidos en instrumentos de intereses particulares antes que en verdaderos representantes colectivos.

2.                 Función de articulación territorial. La función de articulación territorial se refiere a la capacidad de integrar políticamente al país, conectando el centro con las regiones dentro de un proyecto nacional compartido. Los partidos deben vincular Lima con el interior, superando tanto el centralismo criollo como los provincialismos elitistas. Cuando esta articulación no existe, el sistema político se divide en espacios de poder aislados, ya sean metropolitanos o regionales. En el caso peruano, esta desconexión profundiza la distancia entre el Estado y la diversidad social del país.

3.                 Función de producción de gobernabilidad. Por su parte, la función de producción de gobernabilidad implica generar mayorías estables y consensos mínimos que permitan implementar políticas públicas de manera sostenida. No basta con ganar elecciones; es necesario coordinar eficazmente entre Ejecutivo y Legislativo para evitar parálisis institucional. Cuando esta función fracasa, predominan las vacancias, censuras y negociaciones de corto plazo. En el Perú, la inestabilidad recurrente demuestra que el sistema partidario no logra sostener.

Sin esas funciones, la democracia se vuelve procedimental, pero no sustantiva. Existe norma, pero no proyecto. Existe competencia, pero no dirección nacional.

Nuestra crítica al centralismo criollo y al provincialismo elitista refuerza la tesis de que; “no se ha construido una síntesis entre Lima y regiones, entre élites tradicionales y emergentes, entre capital y ciudadanía”. Lo que existe es disputa por el control del Estado como botín institucional.

Conclusión

La crisis política del Perú no constituye un episodio aislado ni una desviación circunstancial; es la expresión de un colapso político-ideario que revela la falla estructural del sistema de representación y la fragilidad institucional acumulada durante las últimas décadas. Las vacancias presidenciales, las censuras parlamentarias y la alternancia acelerada de gobiernos no son anomalías coyunturales, sino síntomas de un orden político donde la disputa por el control del Estado ha sustituido la construcción de consensos duraderos y políticas públicas de largo plazo. La política opera como arena de confrontación entre élites centrales y regionales, tradicionales y emergentes mientras la ciudadanía observa un régimen formalmente democrático que no logra producir estabilidad ni desarrollo sostenido.

La lectura desde Robert Dahl y Giovanni Sartori no implica una adhesión normativa al pluralismo como modelo ideal, sino su utilización como herramienta analítica. El pluralismo advierte que la multiplicidad de centros de poder fortalece la democracia solo cuando existen mecanismos institucionales capaces de mediar intereses y transformarlos en decisiones coherentes. En el caso peruano, esa mediación fracasa. La fragmentación partidaria extrema, el centralismo criollo que concentra decisiones en Lima y los provincialismos elitistas que reproducen lógicas de poder local impiden la articulación de un proyecto nacional integrador. En lugar de equilibrio pluralista, emerge un pluralismo elitista: múltiples facciones compiten, pero dentro de un círculo restringido de poder.

El Perú opera, además, dentro de una estructura de Estado capitalista con orientación neoliberal consolidada desde la década de 1990. La primacía del mercado, la limitación de la intervención estatal y la centralidad de intereses económicos moldean el funcionamiento institucional. Sin embargo, la disputa entre derechas, izquierdas y centros se desarrolla dentro de esa misma matriz estructural. Aunque se enfrenten discursivamente, comparten los límites impuestos por un modelo que reduce la capacidad estatal de planificación estratégica y fortalece presiones corporativas. La culpabilización cruzada entre élites políticas oculta que la crisis no es únicamente ideológica, sino sistémica.

El colapso político-ideario se manifiesta, entonces, en la ruptura entre ideología, representación y proyecto nacional. Los partidos no logran cumplir sus funciones clásicas de agregación de intereses, articulación territorial y producción de gobernabilidad. La democracia se mantiene en su dimensión procedimental elecciones periódicas y alternancia formal pero carece de gobernabilidad sustantiva. La rotación de liderazgos no consolida institucionalidad; por el contrario, profundiza la percepción de precariedad estructural.

Las consecuencias sociales e institucionales son evidentes. La inestabilidad prolongada interrumpe políticas públicas estratégicas, debilita la confianza ciudadana y amplía la distancia entre Estado y sociedad. Ministerios y organismos públicos se convierten en espacios de redistribución de poder entre facciones antes que en ejecutores de políticas coherentes. El Estado pierde capacidad reguladora y estratégica, y se vuelve vulnerable a presiones económicas internas y externas.

Superar este escenario no implica únicamente reemplazar liderazgos ni reformar procedimientos administrativos. Exige reconstruir la capacidad del Estado para mediar intereses de manera eficaz, fortalecer partidos con arraigo territorial y consolidar instituciones legitimadas. Transparencia, profesionalización administrativa y responsabilidad interinstitucional son condiciones necesarias, pero insuficientes si no se acompasan con una recomposición del sistema de representación que integre realmente la diversidad social y territorial del país.

En última instancia, el caso peruano nos permite las siguientes interrogantes centrales para la teoría política contemporánea ¿Puede caracterizarse la democracia peruana como un régimen de competencia electoral formal carente de gobernabilidad sustantiva?

¿Se encuentra el Estado capitalista neoliberal en un proceso de reformulación institucional o atraviesa una crisis estructural persistente que compromete su viabilidad como proyecto nacional?

Responder estas preguntas exige reconocer que el problema no es meramente ideológico ni coyuntural, sino estructural, es ya el sistema en general en sí. Solo mediante la reconstrucción de la mediación política y la consolidación de un proyecto nacional inclusivo será posible que el Estado peruano deje de ser un espacio de disputa entre élites y se convierta en un instrumento efectivo de cohesión social y estabilidad democrática duradera.

Bibliografía

DAHL, Robert A. La poliarquía: participación y oposición. 3. ed. Madrid: Tecnos, 1997.

SARTORI, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza Editorial, 2005.