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Apadrinar una escuela: ¿antesala para privatizar la educación?



El Ministerio de Educación anunció el inicio de la campaña “Apadrina una escuela”, lanzada en su página web y redes sociales oficiales, el día viernes 27 de agosto de 2021. De acuerdo con la información presente en el portal, la campaña es una iniciativa que busca “corresponsabilizarse del desarrollo de la educación en el país, para promover el desarrollo humano integral, social y económico, en condiciones de igualdad y de manera sostenible”.


Esta campaña persigue un objetivo, que es “mejorar las condiciones de la educación en el país, a través de un esfuerzo conjunto y coordinado entre empresa privada, sociedad civil, sector público, cooperación internacional, comunidad en general”. El apadrinamiento se desarrollaría con el aporte voluntario de los diversos actores participantes, en distintas dimensiones tales como: infraestructura, útiles escolares, tecnología y conectividad, alimentación escolar e intervención integral.


Esta campaña, y su posible intención de fondo (oculta en una fachada de corresponsabilidad social), se puede analizar desde dos criterios: (1) la exención de la responsabilidad del estado ecuatoriano con la educación pública de calidad, y (2) el inicio de un posible proceso de privatización de la educación en el Ecuador.


En primer lugar, es importante tener presente un mandato constitucional (2008): la educación es un “deber ineludible e inexcusable del Estado (…) constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” (Constitución, art. 26). Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021) recalca que el Estado “generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar los servicios educativos (…) y garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica” (LOEI, art. 5).


De acuerdo con estos preceptos regulatorios, el Estado no puede eludir ni excusarse del cumplimento de la obligación que tiene respecto de la educación, ni de otros derechos personales y colectivos plasmados en la Constitución de la República. Quienes administran el Estado tienen por tarea ejecutar los mandatos constitucionales y legales, sin importar cuáles sean sus preferencias ideológicas y políticas: para eso fueron electos. El escaso presupuesto asignado a educación no debería ser la excusa para no cumplir este mandato ya que, de acuerdo con la Disposición Transitoria Decimoctava (DT 18) de la Constitución, el Estado debe asignar “de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto [PIB]”.


Según el Banco Central[1], el PIB previsto para el 2021 tendrá un crecimiento del 2,8% (un PIB de USD 68.135 millones en valores constantes). Así mismo, para el año 2021, el presupuesto asignado para educación, según declaraciones de la actual ministra de educación[2], es de 2.882 millones de dólares, lo cual representa el 8,75% del Presupuesto Anual del año 2021, que consta en la propuesta enviada por el Gobierno Central a la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 2021. Si comparamos el presupuesto para educación con el PIB para el año 2021, tenemos que el valor asignado para educación es el 4,23% del PIB, con lo cual se evidencia que hasta la actualidad no se ha cumplido con lo establecido en la DT 18 de la Constitución. En este sentido, se identifica la ausencia de voluntad política para aumentar progresivamente el presupuesto para educación, con lo cual se podrían cubrir las necesidades educativas, o al menos buena parte de ellas.


Es posible también que la voluntad política sea no aumentar progresivamente el presupuesto a educación, de manera que la provisión de este servicio público se deteriore y sea posible establecer un proceso que inicie con un “apadrinamiento”. En este sentido, como ya se anticipó, se estaría eximiendo al Estado del cumplimiento de un deber primordial: la provisión de un derecho humano y fundamental de las y los ciudadanos ecuatorianos.


En segundo lugar, por medio del apadrinamiento de las instituciones educativas se propiciaría una posible intensificación de las desigualdades educativas. Debido a la diversidad de “padrinos” y sus posibilidades financieras, habría ciertas instituciones que recibirían mejores beneficios que otros; por ejemplo, mejoras en la infraestructura en algunas instituciones y la dotación de útiles escolares en otras. No pretendemos decir que unos sean menos importantes que otros, sin embargo, al momento de comparar con el aporte que debe realizar el Estado, en términos de infraestructura, dotación de material editorial, tecnológico, etc., esto resulta ser mínimo y no ataca ningún problema estructural del sistema educativo.


De igual manera, no es descabellado pensar que esta campaña podría dar inicio a un proceso más grade de privatización de la educación. Con el apadrinamiento de las instituciones educativas, y en función de los resultados que se obtengan en términos de impacto en el desempeño escolar, es posible que a futuro se plantee una campaña en la cual se sustente la idea que la educación está mejor en manos de empresas privadas, ya que su influencia es inversamente proporcional a la cantidad de instituciones apadrinadas: a menor número de instituciones apadrinadas, mejores resultados en desempeño escolar. Una vez que esto se demuestre en el corto plazo (4 años de gobierno), se buscará desarrollar un marco constitucional y legal que lo permita.


Nuevamente, es posible pensar que la voluntad política del gobierno actual sea justamente privatizar la educación, ya que en el neoliberalismo todo se puede vender. La educación, que no es ajena a los problemas políticos, sociales y económicos, podría convertirse en una mercancía más, la cual podrán comprar solo aquellos que tengan posibilidad de hacerlo, dejando de lado a quienes no tienen recursos para comprar a una educación de calidad.

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